1. El problema no es usar inteligencia artificial, sino dejar de juzgar

La discusión sobre inteligencia artificial (IA) y justicia suele formularse como una oposición entre innovación y prudencia. Ese planteamiento es insuficiente. El problema jurídico no consiste en decidir si los jueces deben utilizar IA, sino en determinar bajo qué condiciones su empleo conserva intacta la función jurisdiccional. Las herramientas generativas pueden ordenar información, resumir expedientes, apoyar la investigación jurídica, contrastar argumentos, detectar omisiones y colaborar en la elaboración de borradores. Utilizadas dentro de un método de trabajo, pueden reducir cargas repetitivas y liberar tiempo judicial para aquello que ninguna automatización debe desplazar: estudiar, valorar, decidir y responder por la decisión.

El riesgo aparece cuando la asistencia tecnológica deja de ser instrumental y se transforma en dependencia. La Resolución Nº 12.677 de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay define la “dependencia excesiva” como el apoyo desproporcionado en recomendaciones o resultados de IA sin juicio crítico o verificación humana adecuada, con posibilidad de error o pérdida de capacidades esenciales. La definición acierta en el núcleo del problema: la amenaza no proviene solo de una respuesta falsa. También surge cuando el magistrado conserva formalmente la firma, pero cede en los hechos la construcción intelectual de la decisión.¹

La tesis de este trabajo es que la dependencia excesiva puede vulnerar el debido proceso, erosionar la motivación judicial como garantía democrática y reducir la autonomía del juez a una intervención aparente. A la vez, esta advertencia no justifica una postura de rechazo tecnológico. La respuesta adecuada es un modelo de asistencia intensa, pero subordinada: IA al servicio del razonamiento judicial, nunca razonamiento judicial subordinado a la IA.