Resumen

La Resolución Nº 12.677, dictada el pasado 4 de marzo de 2026, aprobó la primera Política Operacional del Poder Judicial paraguayo destinada a establecer directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial. El artículo examina su estructura, valora sus principios y analiza los principales problemas que plantea su aplicación. Se sostiene que la política constituye un avance institucional relevante porque adopta un modelo de inteligencia artificial asistencial, sometido a supervisión humana, transparencia, igualdad, protección de datos y formación continua. Sin embargo, su eficacia depende de una reglamentación posterior capaz de transformar principios generales en controles operativos. Se identifican, entre otros vacíos, la falta de clasificación por niveles de riesgo, la indeterminación del estándar de supervisión humana, la ausencia de un catálogo o procedimiento de autorización de herramientas, la amplitud del deber de revelación, las dificultades de trazabilidad de la IA generativa y la falta de consecuencias específicas frente al incumplimiento. Como aporte, se propone un modelo escalonado de gobernanza basado en la incidencia de la IA sobre la función jurisdiccional.

Palabras clave: inteligencia artificial; Poder Judicial; supervisión humana; transparencia; gobernanza algorítmica; Paraguay.

1. Introducción

La incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) al trabajo judicial dejó de ser una cuestión prospectiva. Las herramientas de IA generativa permiten resumir expedientes, ordenar información, asistir la investigación jurídica, contrastar argumentos y producir borradores de textos en pocos segundos. Esa capacidad ofrece una oportunidad evidente para órganos sometidos a cargas de trabajo crecientes, pero introduce riesgos que afectan el núcleo de la función jurisdiccional: exactitud de las fuentes, protección de información reservada, sesgos, explicabilidad, independencia judicial, motivación de las decisiones y responsabilidad por el resultado.

En este contexto, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay dictó la Resolución Nº 12.677, de fecha 4 de marzo de 2026, por la cual aprobó la “Política Operacional que establece directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el Poder Judicial”, Versión 1. La medida se vincula con el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, cuyo Objetivo Estratégico 3 procura optimizar el servicio de justicia y cuya Acción Estratégica 3.8 prevé consolidar la gestión digital mediante herramientas de IA. La Resolución se presenta, por tanto, no como una declaración abstracta sobre tecnología, sino como una regla institucional de gobierno destinada a orientar el uso efectivo de sistemas de IA por magistrados y funcionarios.

El problema que guía este estudio es determinar si la Política Operacional ofrece un marco suficiente para permitir un uso seguro, transparente y jurídicamente controlable de la IA en el Poder Judicial o si, por el contrario, requiere un segundo nivel de reglamentación que convierta sus principios en garantías operativas. La hipótesis sostenida es doble: la Resolución representa un avance relevante y adopta correctamente un paradigma de IA asistencial y humanamente supervisada; pero su mayor fortaleza —la formulación de principios— coincide con su principal límite, pues varias obligaciones carecen todavía de criterios de intensidad, procedimientos, responsables y consecuencias que permitan aplicarlas de modo uniforme.

La metodología empleada es jurídico-dogmática y crítico-comparativa. El objeto primario es el texto de la Resolución Nº 12.677 y su Anexo. Como parámetros de contraste se utilizan las Directrices de UNESCO para el uso de sistemas de IA en juzgados y tribunales (2025), la Carta Ética Europea de la CEPEJ y su herramienta de evaluación operacional, así como el Código Ético Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Judicial aprobado en 2025. El Derecho comparado cumple aquí una función de contraste y no de sustitución del marco paraguayo.